NoticiasChileLey de Drogas en el banquillo: Informe de la Cámara de Diputados acusa serias debilidades.
3-09-2014 | Chile | Autor: Alvaro León

Ley de Drogas en el banquillo: Informe de la Cámara de Diputados acusa serias debilidades.

th_03534ec9bf0ad37ce39eb848e14a0828_1409760175leychile“No habría cumplido el objetivo más patente de la ley 20.000, diferenciar entre microtráfico y tráfico para imponer sanciones más justas”, señala estudio preparado por el Departamento de Evaluación de la Ley de los parlamentarios.

Problemas de “inseguridad jurídica”, vacíos que impiden su total aplicación y hasta falta de claridad en algunos de sus acápites, especialmente en lo que se refiere a diferenciar consumo, microtráfico y tráfico de drogas.
Esas son algunas de las fallas que registra la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados. Para su realización se estudió la normativa y se consultó a diversas organizaciones. Aparte de las críticas, también se sugieren modificaciones de fondo en diversos aspectos, como que, de forma controlada y con fines medicinales, las farmacias puedan vender sustancias con marihuana.

La entidad fue creada por los parlamentarios hace casi dos años, con el objetivo de evaluar las leyes ex post desde una entidad ajena al Gobierno. Ya han formado vínculos con la OCDE, asegura el actual presidente de la Comisión, Pablo Lorenzini (DC).

En esta oportunidad, dijo, la revisión se efectuó por “solicitud de varios diputados, quienes consideraron que la Ley de Drogas N° 20.000 no estaba funcionando o estaba enredada”.

Estos son los puntos más destacados del análisis:

1.- Consumo privado y vías de obtención: delinquir para consumir : Se indica que la ley “permite el consumo privado personal y grupal espontáneo de drogas, pero sanciona prácticamente todas las conductas que permiten su obtención”. Además, “no existe uniformidad en la aplicación de las normas, lo que provoca un clima de inseguridad jurídica en relación al consumo”.

Se indica que, “en el caso específico de la cannabis (marihuana) el cultivo para consumo personal es sancionado como falta” y “no existe seguridad sobre la cantidad y el lapso para el consumo, elementos relevantes para evitar pena de cárcel”.

El estudio indica que “la norma que permite al SAG autorizar cultivos presenta dificultades operativas. No contempla ni criterios ni causales para otorgarlo, dejando a total discrecionalidad del SAG”.

Se sugiere: “Clarificar la impunidad de los actos preparatorios al consumo lícito, a lo menos del porte para el consumo, sea a nivel legal o a nivel de política persecutoria”.

También “agregar en la Ley los destinos, criterios y causales para autorizar el cultivo de cannabis u otras especies vegetales”.

2. Faltan herramientas para distinguir consumo, microtráfico y tráfico . Se indica que “el criterio ‘pequeñas cantidades’ (que aparece en la ley) es insuficiente y podría ser equívoco para distinguir entre microtráfico y tráfico.

La norma actual, se indica, “no habría cumplido el objetivo más patente de la ley 20.000, diferenciar entre ambos delitos para imponer sanciones más justas de acuerdo a la gravedad y daño del hecho”. Y debido a este problema se recomienda, entre otros puntos, definir con claridad qué lugar ocupa el imputado en la cadena de distribución.

Además, detecta que “existe un grave problema en cuanto al elemento ‘calidad y pureza’ (de la droga), en especial por la falta de claridad respecto de su rol, que debiera ser sólo descartar la hipótesis del consumo”. Es por ello que recomienda determinar qué rol tiene este concepto en la ley y además distinguir “la doble condición de consumidor y microtraficante que se da en situaciones de vulnerabilidad social”, situación que se define como “microtráfico de subsistencia”.

3. El Estado pierde dinero : el informe asegura que “no existe una adecuada persecución patrimonial” a quien infringe esta ley, lo que se aprecia en la “inexistencia de inmuebles decomisados”, por lo que “el Estado ha dejado de percibir una importante cantidad de dinero”.

4. Los riesgos de la cooperación eficaz : El informe advierte que su uso “debe resguardarse de posibles fraudes, como la construcción falsa de esta figura a través del encargo a un tercero del transporte de droga, para luego delatarlo a la justicia y aparecer como ‘cooperador’

5. Posibilidad de ampliar los tribunales de tratamiento de drogas : Se detectó que si bien estas instancias constituyen una iniciativa valiosa para la rehabilitación y la reinserción de quienes han cometido un delito o sufren dependencia, tienen una dificultad por cuanto su ámbito de acción es reducido, “restringido a los delitos de menores gravedad y respecto de los cuales no se considera conveniente una pena de cárcel”. Se recomienda extenderlo al delito de microtráfico.

6. La definición que se debe hacer del Estado sobre el consumidor: paciente o delincuente .

7. Actualizaciones que faltan en precursores y sustancias químicas : El informe denuncia que las normas sobre sustancias para fabricar droga tienen “falencias en la práctica, que hacen necesaria su actualización” y por tanto propone “ampliar el registro de la Subsecretaría del Interior para incluir toda la cadena de producción y distribución, agregando a quienes transporten comercialicen, distribuyan y almacenen precursores”.

8. Uso terapéutico de la cannabis: Reconocimiento de los tratamientos médicos : El estudio indica que “a través de los reglamentos que se han dictado se prohíbe que un médico pueda recetar, o un paciente adquirir, un medicamento que contenga tetrahidrocannabinol, principio activo del cannabis”, pero en especialidades médicas como la oncología “existe consenso sobre los beneficios de incorporar la cannabis dentro de una terapia”. Más aún, apunta al Instituto de Salud Público, porque “no ha tenido una postura única sobre la materia en el último tiempo”.

Por ello el informe recomienda “considerar el uso terapéutico de la canabbis, normando vías de obtención y control de la producción, distribución y consumo”. Por ello propone revisar las restricciones al cultivo, la distribución y el acceso.

Es aquí donde propone establecer la variedad de cannabis susceptible de ser usada como remedio, junto con “crear un organismo expresamente dedicado a la distribución a quienes cumplan con los requisitos previstos por la norma” o “encomendar esa tarea a un órgano ya existente, preferentemente vinculado al Ministerio de Salud y dotarlo de presupuesto necesario para llevar a cabo su tarea”, y “autorizar a farmacias para que vendan con las restricciones que la autoridad estime, medicamentos derivados del cannabis en el formato que considere más adecuado atendida su destino terapéutico”.

También llama a definir cuáles patologías permitirían el uso de estos medicamentos.

9. Descoordinación intersectorial : en este punto el documento indica que falta un ente que coordine a los organismos vinculados al control de la oferta de drogas, lo que ha desembocado en “incongruencia y falta de acuerdo en las resoluciones emanadas por las instituciones” y “ausencia de consenso en los criterios usados para recolectar datos, que genera incompatibilidades además de interpretaciones divergentes”.

 Lorenzini recalcó que “Este es un informe oficial de la Cámara, porque emana de una instancia también formal, que cuenta con el respaldo de la OCDE”.

Y finaliza: “Descubrimos que la ley 20.000 debe ser corregida, adaptada, respecto a la droga dura. Claramente hay que hacer algunos ajustes. Lo que no está en forma expresa, confunde a los jueces”

Cómo se realizó el informe

La Comisión de Revisión de Leyes, de la Cámara de Diputados, se conformó hace casi dos años como una instancia formal parlamentaria. Además del DC Pablo Lorenzini, quien es el actual presidente, la integran Nicolás Monckeberg (RN), Romilio Gutiérrez (UDI), Hugo Gutiérrez (PC), Guillermo Ceroni (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Alberto Robles (PR).

Para realizar el informe, se revisó la normativa relacionada con la Ley 20.000, incluso de carácter internacional. Y se efectuaron entrevistas a representantes del Ministerio Público, Defensoría, Carabineros, PDI, servicios de Salud, SAG, Subsecretaría de Interior, tribunales de justicia, entre otros servicios oficiales.

También se consultó la opinión de organismos sociales, como Fundación Paréntesis, Corporación Esperanza, Cannabis Chile, Revista Cáñamo, Colegio Médico, etc.

Senda: “Ha habido aspectos que no han funcionado”

La directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas (Senda), Francisca Florenzano, es clara: “Ha habido aspectos que no han funcionado, sobre todo aplicar el mismo criterio tanto para un narcotraficante, microtraficante y un consumidor”.

Por ello, sobre la propuesta de los diputados de trazar una mejor frontera entre los conceptos de “microtráfico” y “consumo personal”, dice que “efectivamente como país tenemos un desafío importante y no fácil respecto a esta definición, cómo se mejora y qué medidas tenemos que tomar para que esta Ley 20.000 se delimite de mejor manera”.

Florenzano agrega que “lo único que nosotros pedimos es que no tengamos definiciones o respuestas a priori, que muchas veces pueden ser más contraproducentes que un alivio a la situación, como lo fue la decisión el año 2008 de pasar la marihuana a la Lista 1 (drogas duras), que ha producido más efectos adversos”.

En esa línea, la directora del Senda señala que también están a favor de considerar el estudio para el reconocimiento del uso terapéutico de la Cannabis . “Pero hay que ser bien claros en la definición de las consideraciones médicas, las características individuales de los pacientes, y definir un formato que en un principio, según mi impresión, debería ser restringido”, dice.

Espina: “No a legalizar el consumo de marihuana”

Para el senador (RN) Alberto Espina , la propuesta de la cámara baja en torno a realizar una mejor distinción entre “consumo personal” y microtráfico” se puede analizar, pero con condiciones.

“La ley a lo que apuntó es que se sancionara a los traficantes e impedir que aquellos que trafican en pocas dosis se hagan pasar por consumidores. El punto está puesto ahora en que hay consumidores que se les pasa por traficantes, que es inverso al objetivo que tuvo el legislador. Eso es una cuestión de criterio del juez y si presenta dificultades en su aplicación práctica entonces lo que corresponde es hacer un análisis”, explica.

El parlamentario agrega, eso sí, que “si la ley requiere perfeccionarse, esos perfeccionamientos hay que estudiarlos en el tiempo seriamente. Lo que no estamos dispuestos es a legalizar abierta y resueltamente el consumo de marihuana. Estamos dispuestos a establecerlo como un problema de política de salud pública que es algo muy distinto”.

Sobre las críticas que hacen los diputados a la coordinación de las policías y el gobierno en la lucha contra el narcotráfico (“descoordinación intersectorial”, dice el informe), Espina señala que “eso es clave y ha sido uno de los avances que este Gobierno ha impulsado, como por ejemplo evitar la duplicidad de funciones en los trabajos de control”.

Fiscales: Responsabilidad de los jueces

Para el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe , “efectivamente en esta norma legal existen una serie de ‘topes’ administrativos bastante importantes que es necesario mejorar, como la enajenación de los bienes incautados a los narcotraficantes”.

“Hay que simplificar los procedimientos, permitir que el cumplimiento de la norma avance más rápido, que es básicamente evitar que los narcotraficantes se aprovechen del dinero que han obtenido y segundo que retorne al Fisco la inversión que se hace en la lucha contra la droga”, explica.

En un contexto más amplio, el fiscal señala que “se le han hecho bastantes críticas a la Ley 20.000, pero yo te diría que ahí la principal responsabilidad es de los jueces. Cuando algunos jueces empiezan a ponerle requisitos al tráfico que no están en la ley, en definitiva lo que están haciendo es una interpretación. Eso es complejo de aceptar en nuestro país, pero pasa todos los días”

Y agrega: “Todo sistema jurídico tiene que descansar en los jueces, tratar de ponerle control a los jueces respecto de cómo interpretar la ley -más allá de los problemas de constitucionalidad que ello tiene- es imposible, habría que poner un juez a vigilar a otro juez. El tema es que debe haber una autocrítica de los jueces. Toda ley es perfectible pero lo importante es que quienes la aplican lo hagan”.

Fuente: www.lasegunda.com

 

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