Colombia: Despenalización de uso de cannabis medicinal

Hace cinco meses que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un decreto para reglamentar el uso de marihuana con fines medicinales. Sin embargo, el Congreso de la República le planteó la posibilidad de que en el país exista una ley que dé garantías jurídicas y directrices claras para el uso de esta planta.

El decreto presidencial forjó camino para la legalidad de la marihuana medicinal.

Es un hecho que catalogó de histórico en cuanto a lo que implica el avance y evolución de las Leyes de la República, específicamente la regularización del uso del cannabis con fines terapéuticos y el establecimiento de normativas que determinen qué instituciones se encargará de otorgar las licencias para el cultivo de la planta, así como cuáles serán las sanciones a las que se someterán quienes incumplan con los protocolos.

La reglamentación del uso de la marihuana medicinal en Colombia estará a cargo de los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura.

Hay que recordar que todos los países que han regulado el cultivo y uso del cannabis, lo han hecho a través de una ley. Ley que ha sido impulsada desde la comunidad misma, acreditando, a estas alturas, con pruebas y hechos científicos y de la práctica misma, el respaldo de la utilidad en el tratamiento de algunas enfermedades y males.

La decisión que en los próximos días será formalizada, permitirá que Colombia se una a países como Chile, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, Holanda, República Checa e Israel, en donde se ha aprobado el uso del cannabis con fines terapéuticos.

Al igual que Chile, en Colombia, también hay instituciones que promueven y luchan para que se legalice, por ley, el uso de cannabis para el tratamiento alternativo para niños con epilepsia refractaria. La Fundación colombiana Cultivando Esperanza es uno de estos organismos que junto con el  movimiento ciudadano que se generó desde que el senador liberal Juan Manuel Galán presentara el proyecto de ley, creció y tomó fuerza para que esta idea tuviera apoyo del Congreso, en donde en los últimos años pocas decisiones de esta trascendencia han avanzado.

El comercio de esta planta, según los cálculos del gobierno, si se manejara con los fines establecidos por la ley podría significar para el país una entrada económica anual de al menos dos mil millones de dólares.

Este es un punto clave en la decisión del Congreso, quien dará las herramientas a los ministerios de justicia, salud y agricultura para que supervisen el tema.

Con esta ley se intenta, además, dar un giro en la lucha contra las drogas. Tema que hoy por hoy tienen a los países, principalmente de Latinoamérica, en la palestra y es una carta significativa a la hora de barajar opciones para disminuir el narcotráfico y el uso indiscriminado de drogas, tanto duras como blandas.